Canarias siempre ha tenido índices altos de pobreza y desigualdad en comparación con otras comunidades autónomas del Reino de España y del resto de Europa. Empero, la debacle financiera iniciada en 2007 se ha caracterizado mayores presiones encaminadas a desmantelar buena parte de los sistemas de protección social dando entrada a la iniciativa privada (con ánimo de lucro) y transformando gradualmente en residual lo que hasta la fecha se consideraban derechos sociales de los ciudadanos, con la consiguiente remercantilización de los individuos y los hogares.
En Canarias, que partía de una posición endeble en protección social, esta debacle se ha traducido en la precarización de su sociedad, sobre todo de los estratos más vulnerables de la misma y, también, de parte de su clase media. Además, en un momento donde la economía vuelve a crecer, se observa que ésto no se ha traducido en la disminución de las situaciones de pobreza y precariedad que están sufriendo una parte muy importante de las personas en Canarias.
Nosotros, desde Redesscan, mantenemos que esto se debe, no sólo a la crisis fiscal del estado, sino a los recortes del Estado del bienestar y la explosión de la desigualdad de los ingresos. De hecho, el deterioro de las finanzas públicas tiene mayor relación con las bajadas generales de los niveles de tributación y las características cada vez más regresivas de los sistemas tributarios que con el gasto público.
Por último, entendemos que tanto la economía sumergida, como la evasión de impuestos deterioran nuestro modelo social, además de que la corrupción es la mayor causa del despilfarro del dinero público, es decir de todos.
Entonces, ¿Cómo se ha optado por recortar en protección social, en un momento en donde las personas necesitan una respuesta efectiva por parte del Estado? ¿Qué mecanismos se han utilizado para justificar estos recortes? ¿Se puede hablar de un Estado de Bienestar para los ciudadanos en Canarias, o más bien en un Estado de Bienestar para grandes empresario?
