Este año la Federación Anarquista de Gran Canaria celebra los 10 años de anarquismo de barrio con estas jornadas.  Serán 3 días para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del anarquismo. Ruyman Rodríguez hará una breve historia de la FAGC y hablará de la criminalización del anarquismo a través de la historia. Jordi Maiz Chacón, nos acerca a  Kropotkin 100 años después. Sandra Navarro, pone las gafas violetas al anarquismo: la rebelión anarcofeminista, mujeres no nacidas, mujeres construidas.

Recordamos que el AFORO está limitado.

El colectivo La Tagora abre este espacio para reflexionar acerca de la autoestima y de cómo afecta en las diferentes dimensiones de nuestra vida.

La pandemia de la covid-19 ha afectado radicalmente nuestras vidas y ha restringido multitud de derechos y libertades. Pero, ¿están justificadas todas estas medidas? Los autores de este libro piensan que no. José R. Loayssa, médico y coautor, tratará de explicar el sentido y la desmesura de la gestión de la crisis del coronavirus.

Con este vídeo nos hacemos eco del manifesto firmado por numerosas organizaciones

https://www.youtube.com/watch?v=qSuKqCwCVQM

MANIFIESTO

Nos pronunciamos en apoyo al Paro Nacional que en estos momentos se desarrolla en Colombia y en contra de la acción represiva del gobierno nacional, presidido por Iván Duque, del partido Centro Democrático.

El pasado 28 de abril, diversas organizaciones de la sociedad civil articuladas en el Comité Nacional de Paro y las principales centrales sindicales, convocaron una protesta en todo el país en contra de la Reforma Tributaria. Esta convocatoria da continuidad a un ciclo de movilizaciones populares que comenzaron con las marchas estudiantiles, la Minga Indígena y el paro nacional de 2019.

La llegada de la pandemia no hizo sino profundizar las graves condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social presentes en el país, factores que permiten explicar la movilización de la ciudadanía. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en su último informe señala que en Colombia el 42,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que significa que 21,2 millones de colombianas y colombianos no disponen de suficientes ingresos para suplir sus necesidades mínimas vitales, la pobreza monetaria extrema se encuentra en 15,1% a nivel nacional siendo más grave en las zonas rurales, el coeficiente de desigualdad de ingresos aumentó del 0,52 a 0,54 y el pasado mes de abril Colombia se ubica como el cuarto país con más víctimas del Covid-19.

La mala gestión económica y sanitaria por parte del gobierno nacional se suma a una escalada de violencia sin precedentes relacionada con la disputa por el control de los territorios de actores armados ilegales, que se relaciona con una falta de voluntad política para la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, la violencia ejercida por la Fuerza Pública en contra de los sectores sociales populares como son los pueblos indígenas y el movimiento estudiantil. 

En este contexto, el gobierno de Iván Duque y el partido al que representa, ha respondido al clamor de la ciudadanía con más represión policial, con graves vulneraciones a los derechos humanos y con una criminalización de la protesta social. El gobierno ha tratado de deslegitimar la movilización atribuyendo la misma al narcotráfico y actores armados ilegales como las disidencias de las FARC. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se calcula que, en 10 días de paro, han desaparecido 379 personas que estaban ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. Esta cifra se obtiene a partir de las denuncias de 26 organizaciones de derechos humanos. Además, las organizaciones documentan más de 30 asesinatos,  violencia sexual, lesiones y detenciones arbitrarias, llevadas a cabo por la Fuerza Pública.

En respuesta a este panorama, nos unimos a las diferentes organizaciones internacionales y de derechos humanos, así como a personas de la sociedad civil para exigir al gobierno colombiano que pare cuanto antes la violencia y represión a la ciudadanía, que respete el derecho legítimo a la protesta consignado en la Constitución y en los tratados internacionales, y que disponga de todos los medios institucionales para aclarar las acciones violentas cometidas por la Fuerza Pública y que depure responsabilidades.